Revolución y elecciones en Sonora

Por Eduardo Marcos

No cabe duda que el periodo comprendido entre 1910 y 1920 que ha definido la coyuntura del movimiento revolucionario, se caracterizó porque los conflictos políticos fueron abandonados por el diálogo como medio exclusivo en su resolución, así como una movilización social de nuevos actores colectivos sin precedentes y sobretodo por la violencia empleada como recurso eficaz para acceder y detentar el poder. La proliferación de jefes y caudillos regionales, así como la acción de los ejércitos revolucionarios, culminaría con la desintegración de toda la estructura porfirista en agosto de 1914 con la caída del último baluarte del porfirismo: Victoriano Huerta.

Sin embargo la posterior lucha entre las facciones revolucionarias habría de prolongar un periodo de transformación lenta en el ámbito político y social del país, hasta con la adopción del nuevo régimen constitucional en 1917, permitió superar esa situación crítica. La Constitución federal de febrero de ese año, permitió a Venustiano Carranza alcanzar la anhelada legitimidad que había prometido bajo la bandera del Plan de Guadalupe, que fue el pretexto para enarbolar la lucha a favor de la mancillada carta magna de 1857 en contra de Huerta.

Fue en el contexto del régimen maderista que de acuerdo a los estudiosos más representativos, en donde hubo más elecciones libres desde que México adoptó el sistema democrático universal, pero que tampoco garantizó que todas las elecciones fueran limpias, a excepción de la ganada por Madero en octubre de 1911. Todavía siguieron existiendo varios rasgos del régimen porfirista que no fueron eliminados de la noche a la mañana, debido que muchos funcionarios se mantuvieron en la nueva estructura del maderismo o que sus instituciones siguieron vigentes. De hecho como ha quedado demostrado, Madero mantuvo en su totalidad al ejército federal, las prefecturas políticas, las vicegubernaturas y el mismo Congreso Nacional (compuesto en su mayoría por porfiristas veteranos), en aras de llevar a cabo una transición lenta y segura, con el fin de aplicar los principios de un liberalismo que prometía mayor bienestar económico, social y político a todas las clases sociales del país.

Sin embargo el experimento maderista como lo afirma Alan Knight, fracasaría porque no fue radical en la eliminación absoluta de esa estructura porfirista. Además huelga señalar que en el caso de la población civil, ésta en su mayoría tuvo la libertad de elegir a sus candidatos y manifestar participación en las campañas y comicios, aunque a decir verdad la misma (los estratos bajos) todavía no tenía conciencia real del significado del voto y de la democracia, debido que estaba preocupada principalmente por mantener su bienestar socioeconómico. Por otro lado, por primera vez en 1911 se abría la posibilidad del “voto directo” en la elección de diputados (locales y federales), así como de senadores.

En el caso de Sonora, los funcionarios del primer nivel del gobierno estatal decidieron dejar sus cargos y huir al extranjero ante una eventual purga política de parte del nuevo régimen revolucionario encabezado por José María Maytorena, quien después de muchos años ganaría una elección local de manera libre y limpia de “fallas” burocráticas del régimen porfirista. Pero no todo fue así, ya que también hubo casos de corrupción en ese contexto: la impugnación de la vicegubernatura ganada por Eugenio Gayou y el triunfo de Álvaro Obregón por la alcadía de Huatabampo en 1912. En ambos casos, la impugnación hecha ante el congreso local no tuvo éxito como quedaría demostrado en los hechos fácticos.

La participación del pueblo sonorense fue más libre en la elección de sus candidatos, tomando además que en Sonora el movimiento revolucionario no desencadenó graves movimientos bélicos, lo cual se tradujo en una transición política tranquila, en contraste en otros estados donde la situación fue violenta. Además en ese contexto, la sociedad sonorense era más ilustrada y preparada lo que significaba que sabía la importancia del voto, a excepción de los grupos indígenas “broncos” como yaquis y mayos.

El cuartezalo de Huerta contra el presidente Madero en febrero de 1913, marcaría una coyuntura no sólo en la vida democrática y social del país que empezaba a tambalearse por las acciones contrarrevolucionarias, sino también en Sonora por el temor de que sus principales dirigentes revolucionarios adictos al maderismo, perdieran los derechos políticos alcanzados. Y que en aras de defender la autonomía (o la soberanía en el caso más radical) frente a un gobierno surgido de manera “legaloide”, decidieron participar militarmente al desconocer el gobierno federal. El movimiento revolucionario sonorense sería sui generis por la composición socioeconómica de sus dirigentes políticos (hacendados, mineros, rancheros, burócratas, agricultores) y de todas las regiones de la entidad, con un solo objetivo: defender sus derechos políticos.

La resquebrajadura de lo poco “legítimo” que tuvo el breve régimen de Huerta a raíz del paso triunfador del Ejército Constitucionalista encabezado por Carranza entre 1913 y 1914, así como la posterior “guerra de facciones” forjada por los mismos jefes revolucionarios en 1915, provocó la disolución de los tres poderes de la Nación (Congreso, Poder Judicial y Ejecutivo) así como en los estados, donde aquél o aquellos que obtuvieran la victoria militar, también tendrían la ocupación del poder político en la designación de las autoridades de gobierno. Prácticamente entre 1914 y 1916, en el país no existió un marco político-jurídico que garantizara el respeto y cumplimiento a los derechos civiles a través de leyes orgánicas.

Sonora como en el resto de la república mexicana, la victoria de las armas daba en la práctica la ocupación de puestos públicos sin existir de por medio un mecanismo legítimo, que diera ese status como sería en el caso de gobernador provisional, que bajo el manto protector del pre-constitucionalismo estaba seguro, pero que busca serlo también a través de una normatividad jurídica. Los años a esta guerra civil resultaron recrucedores tanto para el gobierno y pueblo sonorenses, debido que Sonora significó el último baluarte del “convencionismo” y por estar arraigada la figura de Maytorena entre la población civil por ser uno líderes maderistas más importantes. Esa simpatía quedó expresada en las urnas de julio de 1911.

El establecimiento de dos gobiernos paralelos en Sonora (constitucionalista versus convencionista) dividiría a la población civil, hasta que el Constitucionalismo alcanzaría la victoria militar definitiva, para después dar el paso del nombramiento de “gobernadores provisionales” por Carranza, el vencedor de esta guerra civil. En el parteaguas de los primeros meses de su victoria, Carranza buscaba restaurar la legitimidad a nivel nacional; en Sonora después del segundo semestre de 1916, se celebran las primeras elecciones del carrancismo: elecciones a presidentes municipales y la otra para diputados a un Congreso Constituyente. La población sonorense de acuerdo a las fuentes primarias, respondió de manera aceptable a éstas, aunque se desconoce el número y porcentajes exactos de su participación.

Ahora bien, para 1917 y 1919 hubo dos procesos electorales a gobernador constitucional de 1917 y 1919: el primero de carácter extraordinario y el segundo oficial. Representaron para los líderes revolucionarios y sonorenses en general, el único método pacífico en la designación de nuevas autoridades a poderes locales que les concediera esa legitimidad necesaria, a través de una consulta electoral que sirvió quizás para medir la popularidad de los candidatos y evitar a la vez nuevos enfrentamientos armados entre ellos mismos. Fueron pacíficas, en el sentido que no se registraron en las fuentes primarias ningún tipo nivel de violencia militar, fraude y coerción gubernamental (únicamente las de poderes estatales) durante los comicios, a pesar de las agitaciones previas en los principales centros urbanos. Los resultados de los vencedores fueron amplios con respecto a sus rivales, de ahí que se sobreentienda que ya tanto Calles como De la Huerta serían electos, a pesar de la luchas vertidas en manifiestos y prensa entre sus partidarios. El primero proceso estuvo bajo la mirada del gobierno federal, y el segundo por el gobierno estatal.

El estudio de ambos procesos electorales constituyen a su vez una piedra angular en la consolidación del poder del “triángulo sonorense”, que más tarde daría paso a su ascenso al gobierno nacional durante la década de los años veinte. Aunque en esta investigación, no se pretendió hacer un estudio comparativo entre ambos momentos electorales, en algunos casos hubo necesidad de hacerlo con ciertos aspectos como el análisis de los resultados electorales entre los candidatos contendientes al gobierno local.

Si bien, ambos procesos electorales estuvieron respaldados por sus respectivas leyes, el primero careció de un sustentó jurídico de un congreso en funciones, pero aun así tuvo ese toque de legitimidad gracias al aval de la Ley Federal Electoral del 6 de febrero de 1917. El segundo contó con una Ley Orgánica expedida por un congreso local ya en funciones, que consolidaría su legitimidad, así como con la reforma a la Constitución local de septiembre de 1917. Sin embargo, tanto estas dos leyes electorales como algunos artículos de los decretos preconstitucionalistas, no fueron del todo aplicables con el rigor jurídico, ya que también hubo pequeños recovecos que fueron aprovechados por los contendientes que aspiraron a otros puestos, principalmente las municipales.