Reflexiones sobre el libro De Costumbres y Leyes, de Maria Aparecida de S. Lopes

Para RICARDO ALBERTO NIEVES JIMÉNEZ (a) “El Nieves”, un viejo amigo “histórico” de la UNISON

Por Eduardo Marcos


Durante el 2006 tuve la oportunidad de leer un gran libro de historia regional. Se trata de la obra de la historiadora brasileña, María Aparecida de S. Lopes: De Costumbres y Leyes. Abigeato y derechos de propiedad en Chihuahua durante el porfiriato, producto de su tesis doctoral que ella presentó en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y fue coeditada en libro (2005) tanto por esa misma institución como por El Colegio de Michoacán. Una de las mayores contribuciones que adquirí en ese curso, fue conocer como la investigación histórica es capaz de fusionarse con otras disciplinas humanas o sociales muchas veces ignoradas o dejadas de lado, pero que pueden ser útiles a la Historia y ésta a su vez a aquellas. Esto genera la interdisciplinariedad científica en el saber y comprensión del hombre como sujeto y no objeto de estudio, que al fin y al cabo es el “elemento central” de una sociedad en estudio como fueron los grupos subalternos que de S. Lopes analizó.

Además de los métodos históricos y metodológicos que de S. Lopes utilizó en esta obra, tuvo que hacer uso de la ciencia jurídica (Derecho) para conocer las definiciones más adecuadas con respecto a “abigeato”, “infractor”, “justicia” entre otros, y de la antropología indigenista por ser uno de los actores más presentes y afectados en la aplicación de los mecanismos de justicia. De Costumbres y Leyes está integrado por 296 páginas que incluyen una laboriosa introducción, cuatro capítulos bastantes profundos (1. “Tendencias económicas y sociales: Chihuahua a fines del siglo XIX”, 2. “Mecanismos de control social”, 3. “¿Quiénes son los ‘fuera de la ley’?” y 4. “Los motivos de los proscritos”) y un epílogo en el cual la autora deja plasmadas sus reflexiones, aunque no completas. Además contiene cuadros (cinco), gráficas (seis), mapas (siete) y una amplia relación de fuentes (primarias y secundarias) utilizadas que ella buscó tanto en acervos (archivos, bibliotecas y fondos) del estado de Chihuahua, como del Distrito Federal y en los Estados Unidos.

El objetivo principal de su tesis, fue el análisis del fenómeno de criminalidad en el estado de Chihuahua, con mayor énfasis el delito de abigeato que afectaba los derechos de propiedad privada del ganado vacuno a través de la revisión de expedientes judiciales localizados en el Archivo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua (ASTJEC) y de estadísticas criminales emitidas por el gobierno estatal. El estudio se centra en el régimen porfirista, específicamente para el periodo 1886-1897 que las mismas fuentes le marcaron la temporalidad, aunque la autora nunca lo externa de manera explícita en la introducción.

Las controversias jurídicas que generó el abigeato en una sociedad fronteriza como la chihuahuense de finales del siglo XIX, producto de las nuevas condiciones socioeconómicas surgidas a raíz del modelo liberal y del sistema capitalista que imperó en el país, fue uno de los intereses que llevaron a la investigadora a revisar una gran variedad de fuentes (además de los expedientes judiciales del ASTJEC) como hemerográficas (El Correo de Chihuahua, periódico oficial del gobierno estatal), censos de población, piezas legislativas (como constituciones locales, leyes, decretos, códigos penales, reglamentos), informes de gobierno, anuarios de actividades económicas, bibliografía, memorias personales para la construcción, argumentación y validez de sus hipótesis.
La autora resalta que durante la mayor parte del siglo XIX al menos hasta 1880, el sistema de justicia nacional resultó inoperante debido a los múltiples acontecimientos políticos y militares (como golpes de Estado) que se presentaron, a pesar de que siempre se redactaron muchas leyes, pero que en la práctica eran “letras muertas”. A finales de la década de 1860 se promulgaron los primeros códigos penales en México; en Chihuahua fue hasta 1883. En esa entidad fronteriza, la nueva élite regional que surgió después de 1880, se encargó de promover nuevas leyes y códigos penales con el fin de proteger sus intereses (principalmente los económicos) ante los nuevos delitos que estaban surgiendo a raíz de la transición de “progreso y modernidad” que se experimentaba. Por lo tanto, el gobierno estatal renovó la administración y los aparatos de justicia por medio de un control más estricto de los funcionarios del poder judicial y la reorganización de nuevos cuerpos policiacos (la “policía rural”).

Fue muy evidente que el delito del abigeato (tema principal de la investigación) en esa entidad en un principio no era uno de los más elevados que se registraron en las estadísticas criminales que la autora localizó y analizó. Pero a medida que pasaron los años y al desarrollo económico que experimentó el estado, el ganado vacuno fue objeto de robo, lo que se constituyó como una de las principales preocupaciones de la élite local, de ahí que se aplicaran con mayor rigidez castigos y penalidades a los infractores que afectaban su economía. A principios del siglo XX, el ganado vacuno se constituyó como la principal fuente de riqueza no solo para Chihuahua, sino para otros estados fronterizos (incluyendo también Sonora) que tenía como mercado de exportación a los Estados Unidos.

La mayoría de los infractores de este delito, eran bandoleros o miembros de gavillas organizadas que se dedican a esta actividad de tiempo completo, y que con frecuencia solían huir al otro lado de la frontera internacional (Estados Unidos) para evadir a las autoridades judiciales. El contrabando de este bien de origen americano al estado, fue otra constante por lo que las autoridades locales solían rematar como “mostrencos” a animales que habían entrado ilegalmente al estado. La alteración de los hierros fue otra estrategia utilizada por los abigeos para burlar a la justicia, pues el registro obligatorio permitía identificar fácilmente a un animal robado y el posible cambio de marcas.

Pero también se dieron algunos casos de abigeato ocurridos en Estados Unidos en los cuales el infractor (nacional por lo general) era aprehendido en territorio mexicano, pero quedaba absuelto de manera pronta, pues este delito no era juzgado ni castigado por los Tribunales y Juzgados locales, en virtud se había cometido en “el otro lado”. La incidencia del abigeato se dio con mayor fuerza en aquellos distritos políticos que limitaban con el vecino país del Norte (Bravos e Iturbide) o con otros estados colindantes como Sonora y Coahuila. Las fronteras nacional e internacional fueron históricamente utilizadas por los abigeos como forma de escape de la “policía rural” durante sus persecuciones.

Otro problema frecuente que promovía el abigeato, según la historiadora, era que un amplio sector de la sociedad chihuahuense no registraba sus hierros ante la autoridad competente o simplemente no marcaba su ganado, motivo por el cual esos animales eran más codiciados de robar por personas no infractores para consumirlos de manera inmediata. Con cierta frecuencia se encontraban en los campos despoblados y en las periferias urbanas, restos de animales sacrificados. En estos casos generalmente no existía encarcelamiento formal en contra de algún posible detenido, porque dicho ganado carecía de marca o señales que comprobaran la propiedad de su verdadero dueño, quienes a su vez no los reclamaban porque quedaban sujetos a una fuerte multa administrativa.

Sin embargo, algunos de los implicados en este delito aseguraban que lo cometían por ignorancia de las leyes o por necesidad social, pero nunca con el fin de afectar al dueño o hacer lucro de lo robado, como fue el caso de un reo que confesó haber robado una vaquilla para sostener a su familia, ya que no encontraba trabajo, siendo esto la causa imperiosa del delito. La diferencia entre los infractores que cometían este delito por “necesidad social” y aquellos como “actividad formal”, es que estos últimos solían planearlo, sabían de la existencia de las leyes y de las ganancias que podían obtener con el cuerpo del delito (ganado).

La puesta en práctica de códigos y leyes penales en la sociedad chihuahuense a finales del siglo XIX y principios del XX, generó un proceso conflictivo que involucró a buena parte de sus habitantes que no estaban impuestos a los nuevos mecanismos que pretendían cambiar sus “usos” y “prácticas”, los cuales contradecían la utilización “racional” de los derechos de propiedad sobre determinado bien mueble o inmueble. Es por ello que en los tribunales de acuerdo a los hallazgos realizados por la autora, el inculpado alegaba que no tenía la intención de “hacer daño” o por “falta de costumbre” de tomar medidas legales para realizar cualquier negocio relativo a la compra-venta de bienes como el ganado.

También fue cierto que en varias ocasiones los inculpados apelaban a este alegato para evadir la condena; no obstante, en otros expedientes revisados quedaba claro que la utilización del argumento de la “falta de costumbre” era un patrón de comportamiento que iba en contra del orden formal de la justicia. El mejoramiento de los mecanismos jurídicos en la entidad, se dieron bajo la justificación de “igualdad de los hombres ante la ley” que era uno de los viejos anhelos de los liberales del siglo XIX. Sin embargo por medio del aparato judicial, se intentó garantizar los intereses de los actores sociales económicos o políticamente influyentes, lo que limitaba las posibilidades de imparcialidad de legislación para todos los “ciudadanos”, incluyendo a los indígenas.

Además de disminuir el abigeato, aprender a los infractores y juzgarlos en base a las leyes y reglamentos promulgados por las autoridades administrativas, éstas también tenían que “luchar” para que se regularan diversos aspectos de la propiedad ganadera local. Entre estos está que todos los dueños de cabezas de ganado tenían la obligación de registrar sus hierros, marcar sus animales, pagar impuestos durante transiciones comerciales, cerrar sus tierras de pastoreo, etc. Sin embargo, esto nunca se logró a plenitud pues algunos sectores sociales solían ignorar estas disposiciones reglamentarias por “falta de costumbre”, situación que implicaba que fueran castigados por la autoridad competente.

Uno de los objetivos del régimen liberal de corte radical, era educar a todos los mexicanos bajo un mismo modelo nacional, aprovechando el auge político-social emanado del Positivismo proveniente de Europa y que estaba de moda América Latina. Por eso, junto a las reformas en materia judicial, el gobierno estatal se orientó a otras esferas de la vida social: la educación, que fue entendida como el mecanismo idóneo para “salvar” e integrar a todas aquellas comunidades (principalmente indígenas y campesinas) que se encontraban aisladas del progreso e incorporar a sus individuos como nuevos “ciudadanos”. La ampliación del sistema educativo fue uno de los proyectos de los distintos gobiernos locales para “moralizar” a la sociedad chihuahuense. Entre 1870 y 1900 hubo una importante proliferación de establecimientos públicos de enseñanza primaria.

Un punto relevante que la historiadora resalta en su investigación fue que los indígenas no aparecen con frecuencia en las estadísticas criminales, en conflictos relativos a la propiedad ganadera ya sea entre ellos mismos o con los pueblos mestizos. Esto quizás se haya debido a la FALTA DE COSTUMBRE de los indígenas en recurrir a las instancias judiciales para resolver asuntos de esta naturaleza. Los indígenas como los Tarahumaras, quizá por su condición de grupo subalterno, fue el sector social más afectado en la aplicación de leyes porque muchas de sus costumbres y leyes no eran compatibles con las del Estado mexicano. Por ejemplo, ellos no acostumbraban a marcar sus pequeñas cabezas de ganado y no cumplían con los trámites de ventas ante la autoridad competente. En su propia organización, aplicaban la justicia y la ley entre sus miembros, sin necesidad de recurrir a los órganos jurídicos de gobierno, los cuales a su vez negaban su existencia porque sólo existían “ciudadanos” mexicanos sin distinciones.

Por otro lado, al finalizar el siglo XIX el estado de Chihuahua experimentó un fenómeno social nunca antes visto en los nuevos centros urbanos y en los que ya estaban establecidos (incluyendo la capital Chihuahua): una elevada tasa de criminalidad de delitos como homicidios, lesiones graves, robos y a saltos, sedición contra la autoridad. Esto fue producto de las nuevas condiciones que generó el sistema capitalista procedente de los Estados Unidos y se dio principalmente en los todos los estados mexicanos fronterizos, siendo el “boom” demográfico (aumento de personas procedentes de otras regiones del país) una de sus principales características.

Ante este hecho, las autoridades estatales describían a Parral y Chihuahua como “ciudades inundadas con una plaga de hombres, mujeres y niños”. Con el aumento demográfico de los centros urbanos, las autoridades y la prensa locales, acusaban esta situación como la responsable del crecimiento de la violencia en la entidad. En este caso, la inquietud institucional se relacionaba con el hecho de que los espacios públicos (bares, cantinas y burdeles) eran considerados peligrosos y “proclives a la criminalidad” para aquellas personas que asistían, ante lo cual estos sitios estaban menos sujetos al CONTROL SOCIAL de parte de las autoridades administrativas.

Además del análisis del abigeato, Maria Aparecida también intentó explicar el contexto prerrevolucionario (1905-1909) en la entidad sobre delitos que cometieron las clases populares como el robo, debido a la presencia de una fuerte debacle agrícola (producto de fuertes sequías y heladas) y a la primera crisis mundial del capitalismo que afectó a los estados fronterizos de México. Los principales cultivos que consumían la población chihuahuense eran el maíz y el frijol, los cuales escasearon y aumentaron de precio generando incertidumbre entre las clases populares. De aquí que se clasifique como una “necesidad social”, por lo que los campesinos y grupos subalternos forjaban “mecanismos de defensa” para sobrevivir ante la situación adversa y tratar de vincular si esto tuvo relación directa con el movimiento revolucionario que inició primeramente en esa entidad.

En pocas palabras, la historiadora intentó explicar la problemática de confrontación que representó la aplicación de mecanismos jurídicos de la autoridad (derivados del nuevo modelo liberal implementado en el país tras el ascenso de Díaz) contra las prácticas de resistencia que representaba los “usos y costumbres” que algunas comunidades o grupo sociales mantenían vigentes (quizás desde antes de la independencia nacional) ante la inexistencia de un Estado fuerte y centralizador durante la mayor parte del siglo XIX, prefirieron vivir con el modelo social.

Por último, un veterano historiador, de esos reconocidos como "Vacas Sagradas" a nivel estatal y originario de Navojoa Sonora, comentó una vez que no quedó satisfecho del todo con la autora, pues él argumentaba que había omisiones que se pudieron evitarse pese al gran trabajo archivístico y documental que ella realizó y que contó la aprobación de parte de dictaminadores que revisaron su tesis antes de ser publicada como libro. Ante lo cual, me hice el siguiente cuestionamiento: “al parecer ninguna tesis de investigación histórica aunque sea de doctorado, nunca será completa, exacta o excelente, pues siempre habrá ojos críticos que resalten sus omisiones, errores o deficiencias”.

Fuentes y acervos para la investigación histórica en Hermosillo

Por Eduardo Marcos

Prólogo a la segunda edición
En octubre del año 2006, publiqué un texto en este blog titulado “Archivos en Sonora: el AGES”, título que me pareció pobre para lo que pretendí escribir aquella vez. Después de actualizar mi e.mail fui recibiendo mensajes de personas que pidieron ayuda, asesoría o información sobre esta temática; algunos más dejaron sus comentarios abajo del mismo texto. Los locales querían saber la dirección del Archivo General del Estado de Sonora (AGES) porque deseaban buscar alguna información clave para asuntos familiares. Incluso, hubo un ciudadano español que me escribió para saber el origen del apellido “Murrieta” y que me preguntó cómo era en el interior de ese archivo. También un académico de una universidad del Occidente del país, creía que yo era un empleado o que este blog era la página oficial del AGES.

A cada uno, le dí la respuesta que mejor pudiera responder a sus necesidades. Pero también me di cuenta que ese texto (aun sigue en este blog) presentaba errores, lagunas y omisiones en algunos puntos, por lo que me llevé a la tarea de corregirlo de mejor manera posible en esta nueva versión, aprovechando mi experiencia y conocimientos, pues en el último año visité varios archivos locales dentro de mi trabajo como historiador: INDAGAR. Pero a diferencia de esta ocasión, no se publicará nada con respecto al AGES, pues este texto estará muy cargado, y aun me falta agregar más información para que quede también de la mejor manera posible, pues deseo que todo aquel público aficionado a la historia regional sonorense sepa lo que se guarda en ese inmueble. Lo publicaré más adelante y sólo. Sé que éste texto no podrá ser del agrado de otro más pues quizás no estén del todo de acuerdo con lo que se expresa. Sin embargo, está hecho con mucho amor.

1.- Introducción. En busca de la definición del término “fuente histórica”
Todo historiador o investigador que estudie el pasado de alguna sociedad, necesita fuentes para construir y justificar su interés sobre algún tema de carácter histórico, siendo éstas primarias o secundarias, pero principalmente las primeras porque constituyen la visión original de los hechos del pasado sin estar “contaminadas” por la interpretación de otro investigador hecha desde el presente.

Al hablar o manejar el concepto de fuente es un término que puede resultar complejo en su definición, particularmente en el campo de la Historia. “Fuente” puede ser todo aquello que de alguna manera guarda cierta información de conocimiento, y en esto me refiero desde una hoja de árbol hasta el chip de memoria de una computadora. Por lo tanto, hay que buscar o aplicar un sinónimo más preciso en la práctica histórica; en este sentido, se manejará el concepto de documento histórico.

Con frecuencia los historiadores tienen la idea equivocada que fuente o documento histórico debe ser necesariamente algo escrito que alguna persona o institución pública dejó con el fin de darle validez y peso a su argumento, ignorando que en muchas ocasiones también se tiene a disposición otros materiales (escritos o no escritos) que pueden ser útiles. Pierre Salmon señala que en la mayoría de los casos el “documento histórico es un documento escrito, a mano o impreso. También puede ser un documento grabado o audiovisual […] transmitido por el sonido o la imagen o una simple tradición oral. Puede ser también un documento figurado (materiales), que difícilmente captaremos su significado”1.

Tratando de explicar la idea de fuente o documento histórico, es difícil ponerla en práctica porque la mayoría de los historiadores suelen limitarse al documento escrito como se ha expuesto. El filósofo e historiador británico Robin George Collingwood, define fuente como un texto que contiene una declaración o declaraciones sobre un determinado tema; y esta definición tiene alguna utilidad práctica, porque ayuda al historiador a dividir la literatura total disponible2. Collingwood en su obra Idea de la Historia, aborda un amplio debate en relación al uso de “fuentes escritas” y “fuentes no escritas”, esto debido a la formación profesional que tuvo después como arqueólogo, lo cual lo hizo un amplio conocedor de materiales no escritos.


2.- Fuentes primarias y secundarias

Las fuentes con las que los historiadores suelen trabajar en la argumentación de sus teorías históricas se dividen en dos grandes tipos: primarias y secundarias. Se definen como “fuentes primarias” aquellas que fueran producidas en una determinada época ya pasada (cuando menos 30 años atrás), en las cuales los testigos que presenciaron algún evento dejaron evidencias de lo que pasó y que el historiador recurre a ellas por el hecho que son directas y que a priori están libres de criterios, juicios e interpretaciones hechas desde el presente. La mayoría de éstas son documentos escritos y por lo general se almacenan en acervos (archivos o bibliotecas) que pueden ser documentos originales como decretos, cartas, reglamentos, actas, constituciones políticas, boletines, leyes, manifiestos, informes, mapas, etc.

Las “fuentes secundarias” como su nombre lo señala, se derivan de las primeras y que suelen estar llenas de interpretaciones y juicios por otros estudiosos. Se reducen de manera drástica en variedad en comparación a las primarias, aunque son más numerosas. La mayoría de este tipo de fuente se constituye por libros, tesis, revistas, que comúnmente conocemos como bibliografía, y que producto de trabajos contemporáneos realizados por investigadores sobre un tema en particular. En estos casos, sus autores (con mayor o menor énfasis) tuvieron que emplear fuentes primarias para la construcción y explicación de sus argumentos. Es recurrida por los historiadores antes de iniciar con algún proyecto de investigación con el fin de saber qué se ha escrito sobre el tema a investigar y la relación que se obtiene se conoce como balance historiográfico. Con frecuencia, la bibliografía puede fungir como material de refuerzo para el historiador en la explicación de sus argumentos históricos.

3.- Historia oral y otras fuentes
Otro tipo de fuente que se puede considerar como primaria bajo ciertas reservas, es la “historia oral” que en los últimos años ha cobrado una gran relevancia entre los científicos sociales, principalmente antropólogos y sociólogos, pero que también los historiadores han recurrido a ella para proyectos de investigación social de carácter contemporáneo, particularmente de movimientos antagónicos contra instituciones de gobierno. La historia oral que se enseña actualmente en las aulas universitarias, ha pasado de una simple técnica de trabajo a una amplia metodología de investigación para el historiador.

La historia oral surgió de la Escuela Inglesa del siglo XIX y se clasifica a su vez en tres categorías: “tradición oral”, “memoria colectiva” y “recuerdo”. Con frecuencia se señala que este tipo de fuente se utiliza para contradecir o reafirmar la versión que ofrecen los documentos oficiales escritos. Es el producto del recuerdo de testigos vivos que lograron presenciar en algún momento de su vida (como actores o espectadores), ciertos sucesos y que con el paso del tiempo, se convirtieron en históricos debido a su transcendencia social o política.

También se cuentan con las hemerográficas que se constituyen por periódicos (comerciales y oficiales), que se conservan principalmente en hemerotecas públicas o de empresas periodísticas. Este tipo de fuente empieza a tener transcendencia histórica antes de 1950, aunque pueden ser utilizadas después de esa fecha para trabajos contemporáneos. Algunos historiadores las consideran “documentales” y no “históricas”, según el criterio de cada historiador.

Están las “memorias personales” sobre ciertos sucesos relevantes que fueron escritas en su momento por personajes relevante (como funcionarios de gobierno, viajeros, exploradores militares) para dejarlas a la posterioridad con o sin la intención que fueran leídas. Varias memorias han sido reeditadas en años recientes en formatos de libros o en ediciones facsimilares. Para el trabajo histórico los informes de gobierno o memorias administrativas es otro tipo de fuente, que han emitido los representantes de los tres niveles de gobierno en sus respectivas épocas (alcaldes, gobernadores o presidente de la República), siendo los de mayor peso histórico antes de 1950. Los censos de población o económicos es otra opción, los cuales fueron elaborados por dependencias de gobierno y son utilizados para el análisis cuantitativo de ciertos fenómenos histórico-sociales, aplicando como metodología la estadística demográfica.

Están disponibles otro tipo de fuentes no documentales son objetos materiales, tales como cartas o diarios personales, fotografías, artefactos (herramientas de trabajo, utensilios domésticos) o expresiones artísticas (pinturas, edificios, monumentos, imágenes religiosas, etc.) que nos indiquen la evidencia de algún rastro de la cultura del hombre, en un determinado espacio geográfico. Se pueden considerar como “fuentes inactivas”. Con respecto a este tipo de fuente, Collingwood resalta que entre los historiadores profesionales y los de “tijera y engrudo”, los primeros no las emplean por no ser escritas, mientras que los segundos las emplean en menor medida como auxiliares de las “fuentes escritas” El motivo por el cual no sean usadas con frecuencia es porque no son textos que contengan declaraciones hechas por otras personas3.

Archivos. Definición y características básicas

Para todos los estudiosos que estén interesados en conocer, estudiar y explicar el pasado sobre un determinado hecho social, el archivo constituye el principal sitio de materia prima para el historiador. La mayoría de estos sitios son públicos, bajo el resguardado de instituciones de gobierno o autónomas; y algunos más son de carácter privado, siendo estos personales o familiares y que su acceso no es tan fácil. Los públicos pueden ser administrativos, militares, parroquiales (semi-restringidos), notariales, judiciales, etc.

Eduardo Chávez Sánchez considera al archivo como un ser vivo, en constante crecimiento y desarrollo, el cual siempre aumenta su contenido tanto al interior como al exterior. Para él, la palabra archivo tiene un origen incierto en el que todavía no hay un acuerdo único entre los historiadores. Se manejan tres propuestas de derivación: la primera que viene de arx, arca, arcaum, que significa “arca”, “casa depósito”. La segunda propuesta es que proviene del término arxaios, que significa “arcaico” o “antiguo”; y la tercera viene de arjeion, que significa “sede de la autoridad”, o “lugar donde se ejercita la autoridad”4. Como se aprecia, cualquiera de las tres propuestas pueden ser el origen etimológico de la palabra “archivo”.

Camarena y Villafuerte definen “archivo” como un conjunto de documentos generados por instituciones o por individuos según sus intereses. Las instituciones generan documentación, según sus objetivos y las normas que lo regula; tal documentación habla del funcionamiento de la institución y de la sociedad de la cual forma parte, ya que entre ésta y sus instituciones hay una relación de mutua influencia5. El archivo permite al estudioso conocer el funcionamiento de una sociedad, sus instituciones y las normas que rigen a los hombres y mujeres en una determinada época. Es la memoria institucional de la sociedad en la cual los testimonios se expresan a través de los documentos generados en ese momento histórico; donde aparecen las acciones y las formas de pensar de los miembros de esa sociedad.

En nuestro país contamos con importantes bibliotecas, hemerotecas y archivos de carácter histórico y público. Entre estos podemos citar al Archivo General de la Nación (AGN), que es considerado el máximo recinto documental para cualquier historiador nacional o extranjero. Otros acervos nacionales considerados importantes son el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (AHSDN), el Archivo Histórico “Genaro Estrada” de la Secretaría de Relaciones Exteriores (AHGE- SRE), la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales (ambos bajo la jurisdicción de la UNAM). Todos éstos se ubican en México, D. F. y cuentan con portales en internet para mayor información y consulta previa. Ahora daré a conocer que acervos existen en Sonora, para la búsqueda de fuentes primarias y secundarias, en la construcción o reconstrucción de nuevos estudios históricos.

Sonora y sus principales acervos documentales

A diferencia de los que ocurre en el centro-sur de la república mexicana donde existe una alta concepción sobre la importancia del cuidado de los archivos, en el norte mexicano pocos son los que se encuentran en buenas condiciones, principalmente de los tres niveles de gobierno. En Hermosillo, tenemos a disposición los siguientes sitios abiertos al público: el Archivo General del Estado de Sonora (AGES), considerado como el más grande e importante en la entidad; el Archivo Histórico de la Universidad de Sonora (AHUS); la Sala del Noroeste tiene a su cargo el fondo “Fernando Pesqueira” (que contiene leyes y documentos históricos), así como decenas de libros sobre historia regional editados durante el siglo XIX y primera mitad del XX; la Hemeroteca de la UNISON, que además de resguardar periódicos locales, estatales y nacionales como El Imparcial, El Pueblo, El Independiente (antes El Sonorense), Cambio Sonora, Tribuna del Yaqui, etc., desde 1943 a la fecha. También ofrece servicio en la consulta de almanaques, revistas académicas, del Diario Oficial de la Federación y Boletín Oficial editado por el Gobierno del Estado de Sonora, entre otros.

Por otro lado, están los fondos históricos del Centro Archivístico de la Casa de la Cultura Jurídica, que pertenece al Poder Judicial de la Federación; del Archivo General del Poder Judicial del Estado de Sonora; del Archivo del Congreso del Estado de Sonora; del Archivo del Registro Agrario Nacional; del Archivo Municipal de Hermosillo; y los dos archivos eclesiásticos que resguarda la Catedral Metropolitana. Uno de ellos es el “Histórico de la Arquidiócesis de Hermosillo” que concentra los fondos Episcopal (1758-1962; 2 secciones, 19 series) y el Arquidiocesano (1963-2002; 3 secciones, 16 series).

Mención especial merece señalar dos importantes bibliotecas: la “Ernesto López Yescas” del Centro INAH Sonora, especializada principalmente en temas sobre Antropología, Historia, Arqueología, Lingüística. En su interior resguarda el fondo “López Yescas” en honor al presbítero que donó muchos libros, revistas y periódicos católicos locales y nacionales, que fueron de su propiedad. Además, la biblioteca tiene una colección de documentos en microfilms sobre archivos parroquiales de diferentes partes del estado y años, de correspondencia de gobierno, libros, censos, periódicos, etc.

La biblioteca “Gerardo Cornejo” de El Colegio de Sonora, es considerada la mejor en Sonora porque su acervo bibliográfico está constituido por más de 40 mil títulos diferentes, que comprende principalmente los campos de la Sociología, Economía, Política, Historia, Salud Pública, Estadística, Antropología, Literatura y Filosofía, no sólo en el idioma español, sino también en inglés, francés y portugués. Además de libros, resguarda en su interior otro tipo de documentos como revistas académicas (locales, nacionales e internacionales), tesis, periódicos recientes, diccionarios especializados, almanaques, atlas, enciclopedias, censos de población, mapas y planos, informes de gobierno y documentación en microfilm (mínima), CD- ROM y DVD.

Como se aprecia, tanto historiadores como público en general, contamos con estos sitios para conocer, explorar y explotar qué tipo de fuentes existen en nuestro estado y ciudad. El documento escrito sigue siendo la fuente primaria más importante para el historiador, pero no la única porque existen otras fuentes y que no son del todo explotadas, quizás porque nos hemos encasillado con el documento escrito emitido por alguna dependencia de gobierno. Cualquier vestigio material que encontremos y que nos llame la atención, puede ayudarnos para iniciar la investigación de un determinado tema histórico.